Las 50 organizaciones que integran el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral han advertido sobre cuatro riesgos de cara al 2 de junio.
Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, destacó que los semáforos rojos fueron precampañas que fueron una simulación, ya que las candidaturas habían sido definidas mucho antes. Además, las autoridades electorales enfrentan crisis internas que socavan su legitimidad.
Además, los partidos están dispuestos a pagar multas por violar la ley y por violencia que ponga en riesgo a los actores políticos.
Mariana Mota, de Más Ciudadanía, explicó que en el actual proceso se han registrado 574 incidentes a nivel municipal, lo que confirma que la violencia es una de las amenazas más importantes a la integridad electoral. “Esto confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas”, advirtió.
Riesgos
Estas son las cuatro señales de alerta que alertó la ANIE en su segundo informe:
- Precampañas simuladas, porque las aplicaciones estaban definidas de antemano.
- Crisis internas en el TEPJF y el INE que ponen a prueba su credibilidad.
- Partidos que prefieren pagar sanciones económicas antes que dejar de violar la ley.
Encienden 4 semáforos rojos en las elecciones
El Acuerdo Nacional sobre Integridad Electoral advierte contra la violencia en los juicios y llama a las autoridades electorales a ser más exigentes.
Tras considerar que el crimen organizado está más cerca de las urnas y de ganar elecciones, y que las autoridades electorales deben ser más exigentes en la aplicación de la justicia electoral, el medio centenar de organizaciones que integran el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) habló de cuatro focos rojos observaron durante el actual proceso electoral, en su Segundo Informe de Integridad del Proceso Electoral 2024.
Arturo Espinosa, de la organización Laboratorio Electoral, enumeró las alarmas al mencionar: primero, que las precampañas fueron una simulación, ya que las candidaturas habían sido definidas mucho antes; en segundo lugar, que las autoridades electorales –Tribunal Electoral e INE– enfrentan crisis internas que minan su legitimidad; en tercer lugar, que los partidos están dispuestos a pagar multas por violar la ley y, en cuarto lugar, que se han producido diversos tipos de violencia que ponen en riesgo a los actores políticos y el ejercicio de los derechos políticos electorales.
Mariana Mota, de la organización Más Ciudadanía, al referirse al último semáforo rojo, comentó que a nivel municipal se registraron 574 incidentes, lo que confirma que la violencia es una de las amenazas más importantes a la integridad electoral y, cada día, es más grande. Su crecimiento es alarmante porque, día tras día, “nos confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas y de la posibilidad de ganar elecciones”.
Alberto Espinosa, representante de Coparmex, recomendó a los partidos respetar las leyes electorales; que eviten la simulación para garantizar la equidad en la competencia; cooperación para identificar y mitigar la violencia, tanto en general como contra las mujeres; respeto a la neutralidad por parte de los empleados públicos; cooperación de los niveles de gobierno para garantizar un proceso logístico de organización electoral en condiciones seguras; proporcionar presupuestos suficientes a Oples; dar prioridad a los nombramientos faltantes de tribunales electorales y que las autoridades electorales “sean más exigentes en el respeto de la justicia electoral frente a actores políticos incluido, entre otros, el Presidente de la República, que han ignorado las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Denuncias”. INE o las resoluciones del Tribunal Electoral.
Luis Fernández, secretario técnico del acuerdo, lamentó no haber podido reunirse con la nueva presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y agregó que fue invitada a las reuniones de la ANIE, incluida la presentación de informes, y que no lo hizo. Ni siquiera respondo a las invitaciones.
Lo mismo dijo Guadalupe Taddei, presidenta del INE, al recordar que ambos funcionarios firmaron su adhesión al acuerdo el año pasado, para apoyar este esfuerzo de la sociedad civil por monitorear la integridad del proceso electoral.
“Nos dejan con una responsabilidad mayor, la de no abandonar la vigilancia que generamos para el proceso electoral, de aumentar la vigilancia, incluso hacia las autoridades electorales, hacia los actores políticos, especialmente en las actividades que realizan”, indicó.
