Emilio Lozoya finalmente se sentará en el banquillo de los acusados. Se acabaron los pactos de colaboración, la promesa de entregar un pez más grande y los privilegios que lo mantuvieron fuera de la cárcel durante años. Después de casi cuatro años de idas y venidas, la paciencia de las autoridades se ha agotado. La Fiscalía General de la República (FGR) solicita 46 años de prisión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por los delitos de cohecho, asociación para delinquir y lavado de activos. La madre del político priista, principal implicado en la trama de Odebrecht en México, enfrenta 21 años de prisión por asociación delictuosa y uso de recursos ilícitos. El proceso judicial, abierto esta semana, es la prueba de fuego más importante de todo el sexenio para una Fiscalía cuestionada y necesitada de resultados y para un gobierno que llegó al poder con la consigna de acabar con la corrupción del antiguo régimen.
El camino de Emilio Lozoya comenzó hace más de una década. Tras 12 años de alternancia política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) allanó el camino para volver a la presidencia en 2012 y catapultó a Enrique Peña Nieto, un joven, guapo y fotogénico, a relanzar la imagen de la formación tricolor. El nuevo PRI era un grupo de hombres y mujeres dispuestos a liberar al partido del viejo fantasma del autoritarismo y la corrupción, que lo acompañó durante más de 70 años ininterrumpidos en el poder. “Hoy queremos pedirles que voten este 1 de julio por este proyecto de cambio para México”, dice Peña Nieto en uno de sus spots más conocidos. Lozoya, designado coordinador internacional de la campaña del PRI, aparece prácticamente en la siguiente tabla, abrazado por sus compañeros ya un par de metros del candidato. “México va a cambiar, ¿no es así, jóvenes?”. pregunta el jefe. «¡Sí!» todo el equipo de trabajo responde al unísono, antes de estallar en aplausos.
El papel de Lozoya no se limitó a posar en la propaganda partidaria o la comunicación política. Como jefe de asuntos internacionales, negoció con Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, para apoyar la campaña bajo la promesa de ser favorecido con contratos públicos cuando Peña Nieto llegara al gobierno. El consorcio entregó cuatro millones de dólares durante la carrera presidencial y seis millones más cuando Lozoya se hizo con el liderazgo de Pemex, la empresa estatal que tenía el monopolio de la riqueza petrolera del país. Así lo dijo Luis de Meneses, titular de Odebrecht, a las autoridades brasileñas y así lo reclamó la FGR en la causa judicial.
Durante la presidencia de Peña Nieto se impulsó el Pacto por México, un frente amplio entre el PRI y las dos fuerzas opositoras más importantes, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. La idea era unir esfuerzos para sacar adelante las principales reformas en el país. Lozoya, quien ya tenía relación con Odebrecht, aseguró que entregó sobornos millonarios, parte de los 10 millones de Odebrecht, para cerrar el acuerdo en 2014 y aprobar la Reforma Energética. El obispo priísta declaró luego ante las autoridades que entregó más de 52 millones de pesos al PAN y que Luis Videgaray, mano derecha del presidente, le ordenó entregar directamente 6,8 millones de pesos a Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados. y posteriormente candidato del PAN a la presidencia en 2018.
El esquema de sobornos de Odebrecht se extendió por toda América Latina. En marzo de 2016, la justicia brasileña condenó a Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, a casi 20 años de prisión. Lozoya dejó su cargo en Pemex un mes antes, el 8 de febrero de ese año. Cuando estalló el escándalo, que envolvió a expresidentes y altos funcionarios de toda la región, bajó su perfil. Para entonces empezaba a sonar otro caso de corrupción, el de la compra de una planta de fertilizantes chatarra sobrevaluada en 2014, en un lote que luego se conoció como Agronitrogenados. “En el caso de Lozoya hay una protección clara y manifiesta de Peña Nieto, porque no es solo el tema de Odebrecht, hay otros negocios que hicieron juntos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, cuando aún era candidato presidencial. en febrero de 2018. López Obrador prometió que se aplicaría todo el peso de la ley, aunque aseguró que no se trataba de una venganza. Asumió el poder en diciembre de 2018.
Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año. “Nos interesa la verdad en todo porque tenemos que acabar con la corrupción, desarraigar la corrupción”, dijo López Obrador el 15 de julio, pocas horas antes de que aterrizara el avión con el imputado. “Es el principal problema de México, peor que una pandemia”, agregó. Para evitar la cárcel, Lozoya intentó en agosto amarrar un polémico acuerdo con la FGR que lo convertiría en una especie de testigo colaborador o protegido. Y lo hizo. El exdirector de Pemex dijo que estaba dispuesto a confesarlo todo y señalar con el dedo a la dirigencia priísta, incluidos el expresidente Peña Nieto y Videgaray. A fines de ese año, Videgaray se mudó a Israel y la FGR intentó emitir varias órdenes de captura, las cuales fueron devueltas por el Poder Judicial. Peña Nieto obtuvo en octubre una visa de oro para instalarse en Madrid.
La colaboración de Lozoya con las autoridades prometía abrir la caja de Pandora. Así nació la llamada caso lozoya, que puso en el radar a varios gobernadores, legisladores y políticos priístas y panistas. Pero las investigaciones se estancaron, las dudas sobre las pruebas de Lozoya se multiplicaron y el que se había vendido como el caso más sonado de esta Administración parecía desmoronarse. Varios acusados se salvaron gracias a errores de procedimiento, debilidad de las pruebas o deficiencias en las acusaciones de la Fiscalía.
La gota que colmó el vaso fue una serie de fotografías de Lozoya mientras cenaba en Hunan, un lujoso restaurante de Ciudad de México, en octubre de 2021. La cena más cara para el testigo estrella de la Fiscalía incluía pato a la pequinesa y un buen vino. Cuando las imágenes se filtraron a la prensa, medio país sintió que el exdirector de Pemex estaba bromeando con las autoridades y la ciudadanía. El escándalo fue tal que un juez ordenó semanas después que fuera ingresado en prisión preventiva.
«¿Le vamos a quitar la libertad a una persona porque lo vieron comiendo en un restaurante?» Sus abogados cuestionaron para pedir que no se aumenten las medidas cautelares. Pero fue inútil. “Yo era un instrumento dentro de un aparato estatal. Ya he acusado a muchas personas, pero están libres. Este es un caso muy complejo con muchos intereses. Pero la verdad muchas veces no es del agrado de la gente”, declaró el propio Lozoya en una de las audiencias. Se rompió la confianza.
La batalla legal se intensificó. En enero del año pasado, Lozoya ganó una primera vuelta y dio su primer paso para salir de prisión. Un juez avaló la decisión de concederle la libertad provisional por el Caso agronitrogenado, pero permaneció en prisión por la causa Odebrecht. El político luego ofreció pagar los $10 millones para deshacerse del esquema de soborno, pero un juez desestimó la oferta en abril. Sí pagó 2,6 millones de pesos para evitar un nuevo frente legal por defraudación fiscal ese mismo mes.
El proceso se ralentizó gracias a amparos y recursos interpuestos por los abogados de Lozoya. Para colmo, en junio de 2022 se filtraron en las redes sociales varias conversaciones telefónicas supuestamente mantenidas entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el padre del imputado, Emilio Lozoya Thalmann. “Que se dé por vencido porque yo no juego así”, reprocha el fiscal a Lozoya Thalmann por las tácticas dilatorias de la defensa.
En julio, EL PAÍS tuvo acceso a otras grabaciones que revelaban cómo las autoridades optaron por endurecer el cerco a Lozoya y amenazaron con dictar órdenes de captura contra varios familiares. Según los audios, las negociaciones entre la familia del acusado y la Fiscalía se fraguaron en octubre de 2019, cuatro meses antes de su detención en España. Incluso después de sellar el acuerdo y acordar que siguen en libertad tras ser extraditados, los abogados del exdirector de Pemex interpusieron recursos de apelación, lo que provocó el enfado de Gertz Manero. “No acepto el doble lenguaje”, le dice el fiscal a Lozoya Thalmann en una de las llamadas que circuló el pasado junio, pero que tiene fecha del 1 de noviembre de 2019.
El caso tomó tanto tiempo que se empapó de nuevas controversias. En agosto, Carlos Treviño, exdirectivo de Pemex, denunció a Gertz Manero y lo acusó de obtener la confesión de Lozoya mediante tortura psicológica. En septiembre, el exsenador panista Jorge Lavalle, el único político que sigue en prisión por el caso lozoya, obtuvo la libertad provisional por motivos de salud. Los últimos meses han transcurrido entre amenazas de llegar a acuerdos de reparación y soluciones de última hora a las causas de Odebrecht y Agronitrogenados. El juicio para la compra de la planta de chatarra de fertilizantes fue pospuesto, por ejemplo, tres veces en el último año. La última vez fue a principios de enero de 2023.
Por eso, la decisión de abrir el caso por parte de Odebrecht atrae todas las miradas. Tras una audiencia de siete horas el lunes, el juez rechazó 22 de las más de 60 pruebas presentadas por la Fiscalía. Aceptaron siete parcialmente y cinco en su totalidad. En cambio, se admitieron las 28 pruebas presentadas por la defensa y que la Fiscalía pretendía desbaratar, pese a la frustración de las autoridades.
Cada episodio ha sido un recordatorio de que el margen de error de la FGR es extremadamente pequeño. De fondo están los retrocesos en casos como el de Rosario Robles, excarcelada tras tres años en agosto pasado, o las dudas sobre investigaciones que fueron reportadas por los medios y que luego se desvanecieron, como las investigaciones contra Peña Nieto anunciadas ese mismo mes. . Tras el fallo contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, en Nueva York, las autoridades tienen mucho en juego: probar que la justicia puede castigar la corrupción y los delitos que alcanzan las más altas esferas del poder en el territorio mexicano, más allá de lo político. discursos
Suscríbete aquí hacia Boletin informativo de EL PAÍS México y recibe toda la información clave de la actualidad de este país
