El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, ha presentado su renuncia al cargo, tras varias semanas de tensiones con el Gobierno a raíz de la entrada en vigor del oficialista “plan B” electoral. La decisión del funcionario ha sorprendido porque hasta hace unos días peleó en los tribunales, victoriosamente, su permanencia en la secretaría ejecutiva del INE. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había intentado destituirlo de su cargo a través de una cláusula contenida en el llamado “plan B”, un conjunto de reformas legales que buscaban recortar la estructura institucional y financiera del INE y que ya ha sido suspendido temporalmente por la Corte Suprema. Jacobo dejará el cargo de secretario ejecutivo el 3 de abril, el mismo día que Lorenzo Córdova —de quien ha sido su mano derecha— concluirá su mandato como presidente del árbitro electoral. “He cumplido un ciclo en la secretaría ejecutiva del instituto al servicio del INE y de la democracia mexicana, que concibo no como un trabajo, sino como una causa”, dijo en conferencia de prensa.
Situado en el centro de las críticas del presidente López Obrador, Jacobo dijo esta tarde, al anunciar su decisión, que la visibilidad que ha adquirido en las últimas semanas es un obstáculo para ejercer profesionalmente su mandato. “La notoriedad que he adquirido sin buscarla constituye un impedimento —desde mi punto de vista— para seguir desempeñando las actividades de la secretaría ejecutiva con discreción y eficiencia. Por eso, estoy convencido de que, de acuerdo con la ética de la responsabilidad, es hora de retirarse”, dijo. “Esta renuncia es irrevocable, porque no me alienta conservarme en un puesto de trabajo, sino defender la ley y las instituciones. Como secretario ejecutivo, esa fue mi convicción, y así seguirá siendo como ciudadano que, como millones de mexicanos y mexicanas, se preocupa por la democracia de mi país”, agregó.
El funcionario de 67 años también ha rechazado las declaraciones del presidente en el sentido de que quería perpetuar su cargo público por meras ambiciones económicas. “A diferencia de quienes tildaron mi actitud de quien busca seguir ocupando un cargo, mi compromiso con el INE es defender un patrimonio que hemos construido juntos durante más de tres décadas y que hoy es patrimonio de la sociedad, de todos eso”, ha dicho. Jacobo ha ocupado el cargo de secretario ejecutivo durante 14 años, y fue autorizado por el Consejo General del INE para ocuparlo durante tres más. Su primer mandato lo despachó a pedido de Leonardo Valdés Zurita, expresidente del INE, y luego fue cobijado por Córdova. “A lo mejor quiere tener un trabajo para toda la vida”, ironizaba hace unos días el presidente López Obrador, quien también ha pretendido a Jacobo por su salario de 167.000 pesos mensuales. “Olvidas que vivimos en una república, no en una monarquía”, agregó el presidente.
Con la promulgación del “Plan B”, se ordenó a Jacobo cesar en sus funciones como secretario ejecutivo del INE. El funcionario emprendió dos acciones: por un lado, promovió un amparo, el cual fue concedido; por otro, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Federal Electoral, que también le dio la razón. Ambas resoluciones judiciales —con Jacobo en el centro— provocaron una fuerte andanada de críticas del Gobierno hacia el Poder Judicial. El presidente López Obrador cargó contra jueces y magistrados, a quienes acusó de proteger el régimen de privilegios (el presidente siempre redujo la lucha de Jacobo a que no quería perder sus prebendas).
El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió una suspensión de los efectos del “plan B” que estará vigente hasta que los ministros resuelvan las controversias constitucionales promovidas por diversos actores, incluido el propio INE, que sostienen que las reformas violan la Carta Magna. .
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