Hace poco más de 60 años, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, no había baño para ministras, porque tampoco había ministras. La primera en llegar fue María Cristina Salmorán de Tamayo en 1961, apenas seis años después de que las mexicanas pudieran votar por primera vez. Ahora, en un país aún profundamente desigual, se celebra un hito histórico: una mujer va a presidir el máximo tribunal. “Me siento acompañada, apoyada, consensuada por todos ellos y por todos nosotros. Me siento muy fuerte, porque sé que aquí estamos todos demostrando que podemos”, fueron las primeras palabras de Norma Piña tras ser nombrada.
Su llegada a lo más alto de la judicatura se ha convertido en un esperanzador espaldarazo para jóvenes abogados y estudiantes de derecho, pero también para organizaciones feministas, ecologistas, LGBT+ y de derechos humanos, que se sienten representadas por su fuerte corte. progresivo. Pero la celebración de la figura de Piña no sólo se debe a que es mujer, sino también a que es una jurista de carrera, que se inició en el juzgado que ahora va a presidir como secretaria de Estudio y Cuenta, y que en los 30 años que acumula carrera judicial fue magistrado ante un ministro y juez de distrito ante todos.
“Hoy estamos todas aquí a pesar de que históricamente hemos estado sometidas a situaciones de exclusión sistemática y estructural en relación a los hombres, enfrentando desafíos adicionales, en nuestra incorporación laboral, hoy estamos aquí asumiendo la doble y triple jornada invisible, superando las Desequilibrio en el equilibrio trabajo y familia. Como diría el poeta: ‘Hacer camino al caminar’, dijo en noviembre al recibir a los 87 nuevos jueces federales.
Abogada inteligente y sensible, ha acabado rompiendo lo que parecía un techo de cristal inaccesible. “La Corte Suprema existe desde hace 200 años y ha tomado todo ese tiempo para que una mujer la presida. Eso dice mucho sobre dónde estamos parados. Tenemos igualdad formal ante la ley, pero hay un largo camino por recorrer para lograr la igualdad sustantiva”, dice Melissa Ayala, abogada feminista especializada en derechos sexuales y reproductivos.
Piña presidirá hasta diciembre de 2026 no solo la SCJN. El cargo también incluye la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, órgano rector de todo el poder judicial federal y que cuenta con un presupuesto anual de unos 66.000 millones de pesos, más que todos los poderes locales juntos. Tiene por delante cuatro años en los que abordará temas clave de la agenda feminista, como el aborto, la regulación de la gestación subrogada o la violencia obstétrica, además de temas candentes en el país como la militarización o la prisión preventiva informal.
Representación y conciliación
“Tengo una doble responsabilidad. Los represento a ustedes, ministros y consejeros, y al mismo tiempo, siendo la primera mujer en presidir este máximo tribunal, también represento a las mujeres”, dijo este lunes la jueza. Este es el aspecto que más destacan los expertos, especialmente en una profesión tan masculinizada y jerarquizada como la judicial.”Creo que es un gran logro de las mujeres y los feminismos. Hemos tardado siglos en llegar, pero ya no hay vuelta atrás”, dice la socióloga Amneris Chaparro, quien destaca la importancia de la carrera de Piña. poder meter el pie en la puerta tras esta histórica cita para que su caso no sea un hecho aislado: “Ojalá más mujeres accedan a más espacios de poder. Hay que abrir la puerta para que nunca más se cierre”.
En los últimos cuatro años se han designado 227 jueces de distrito —lo que equivale al 50% de los designados desde 1995—, sin embargo, continúan siendo sólo el 40% de los titulares de los tribunales. La brecha se hace aún más amplia cuanto más alto subes los escalones. Por ejemplo, de los 11 ministros plenarios, solo cuatro son mujeres: Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, además de la actual presidenta.
“En su proyecto de candidatura, Piña anunció que iba a buscar esa representación no solo en su figura sino en que muchas mujeres ocupen espacios como secretarias de convenio, juezas, magistradas…”, explica Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero . La letrada también destaca el papel que puede tener el nuevo presidente en la promoción de la conciliación laboral dentro del Tribunal Supremo, además de seguir fortaleciendo las unidades de género, los protocolos contra el acoso sexual y las licencias de paternidad obligatorias. “No podemos pensar en el acceso a la justicia si el personal justificado de la federación no está en espacios libres de violencia”, señala.
Su posición sobre el aborto
Piña fue contundente en la histórica despenalización del aborto en septiembre de 2021, pero un año antes, cuando presidía la Primera Sala de la Corte Suprema, votó en contra de un proyecto que pedía lo mismo en Veracruz. Esta decisión la planteó el colectivo Brujas del Mar, que publicó: “No lo olvidaremos”.
Ese proyecto partió del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. A través de un amparo de inconstitucionalidad, se propuso señalar al Congreso de Veracruz, que no había logrado eliminar las sanciones por aborto en las primeras 12 semanas de gestación y así presionar para que se haga efectiva la despenalización. “El amparo no fue la forma de resolver este tema porque no fue una omisión legislativa, es decir, fue una cuestión de forma y no de fondo”, explica Rebeca Ramos, directora de GIRE (Grupo de Información sobre Reproducción Elegida).
Piña fue una de las ministras que dijo que la discusión no debía seguir ese rumbo, aunque apoyara el derecho al aborto. “La Corte no tenía facultad para obligar al Congreso de Veracruz a legislar. Aún cuando queramos ser los más progresistas en materia de derechos humanos, si no cuidamos la forma, eso también puede ser utilizado por grupos anti-derechos”, dice la abogada Melissa Ayala, quien valora lo formal que es el nuevo presidente es: “Cuidar lo institucional, pero una vez que supera las reglas del proceso, tiene vocación progresista”.
Se constató un año después durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad de la legislación de Coahuila sobre el delito de aborto. Esa decisión del alto tribunal terminó sentando el precedente para la despenalización del aborto en todo el país. “Fue una de las pocas ministras que propuso derogar absolutamente una ley de plazos porque implica una fiscalización del ejercicio de la sexualidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por ejemplo, y sostuvo que el aborto voluntario no debe ser considerado un delincuencia”, comenta Rebeca Ramos. “Es una mujer que respeta mucho las formas y el proceso y eso de repente puede ser cuestionado, porque a veces pensamos que el fin justifica los medios y que hay que ignorar el procedimiento. Creo que la ministra Piña ha tenido un cargo muy acorde allí con su formación académica”, dice Kara Michel Salas, abogada feminista y defensora de derechos humanos.
Subrogación y Violencia Obstétrica
En junio de 2021, la Corte Suprema abrió la puerta a que los Estados decidieran pagar o no la gestación subrogada y eliminó las disposiciones de la ley de Tabasco que prohibían el acceso a la gestación subrogada a personas del mismo sexo o extranjeras. . En esa ocasión, Piña, en consonancia con los votos de la mayoría, argumentó que la precariedad jurídica en la que se encuentra este tema lo empuja a ocultarse, así como el maltrato a las mujeres contratadas para esta práctica y deja desprotegidos a los menores. La Corte llamó al Congreso ya los Estados a legislar “con urgencia y prioridad” sobre el tema.
Salas considera que la posición del ministro sobre este tema fue “nebulosa” y carente de información. “Ella es una jueza que no está formada desde el feminismo. Destaco sus cualidades de escucha y diálogo, pero en general los hombres y mujeres de la Corte son extremadamente liberales cuando hablamos de gestación subrogada o trabajo sexual”, añade la letrada, que señala que hace falta “un pronunciamiento en profundidad”. sobre este tema: “Creo que la ministra Piña fue consecuente con su forma de entender los principios de autonomía, el derecho a la libertad, la libertad reproductiva y esas categorías que pueden ser discriminatorias en la legislación”, agrega Ramos.
En otros temas clave, Piña fue disertante en la primera sentencia de la SCJN donde se discutió la violencia obstétrica como violencia de género. A raíz de la protección de una mujer que fue esterilizada contra su voluntad en un hospital del IMSS en Jalisco, el ministro determinó que se trata de un caso de violencia institucional. “Hizo un desarrollo precioso sobre cómo la violencia psicológica durante todo el proceso del parto también es violencia, sobre la jerarquía entre médicos y pacientes, sobre cómo el cuerpo de la mujer ha sido visto como inferior y cómo otros toman decisiones sobre nuestra vida reproductiva”, apunta Ayala. , quien destaca que en la reparación del daño, Piña no solo apunta a la atención psicológica sino que obliga al Estado a garantizar técnicas de reproducción asistida a la víctima.
Esta irrupción anuncia, para los expertos, tiempos de cambio, muestra la consistencia de sus pares, que la votaron, y pone el dedo en la línea de leyes que siguen teniendo prejuicios y normas que discriminan a las mujeres. “Creo que se vienen cosas buenas para la SCJN”, resume Melissa Ayala, “esto no quiere decir que no vamos a ser críticos con su presidencia, vamos a seguir señalando si se toman decisiones equivocadas”.
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