El Instituto Nacional Electoral (INE) archivó las investigaciones contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la trama corrupta de Odebrecht. El árbitro electoral se declaró “incapaz” de sancionar al PRI por denuncias de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña, en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. . La decisión llegó en la última sesión ordinaria de Lorenzo Córdova, quien deja la presidencia del organismo el próximo lunes. El INE acusó bloqueos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que no tuvo acceso a las investigaciones de las autoridades para imponer una sanción. “El problema es que no ha colaborado con el Instituto y ha interpuesto recursos judiciales ante la Corte Suprema para impedir que el INE acceda a la información”, justificó Córdova en un comunicado.
“La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad por parte de la FGR y espero que se pueda conocer el fondo del asunto sin trabas políticas desde la Fiscalía”, dijo Ciro Murayama, otro de los los cuatro consejeros que dejan su cargo a partir de la próxima semana. Las autoridades brasileñas documentaron que Odebrecht entregó $10 millones en sobornos a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del PRI, a cambio de favores políticos cuando Peña Nieto llegó al poder. El propio Lozoya, quien accedió a colaborar con la FGR tras ser detenido en febrero de 2020, afirmó que cuatro millones de dólares terminaron en la campaña del ahora expresidente. Otro de los señalados, según la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática y Morena, fue el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Los asesores del INE dijeron que la ley les impide utilizar elementos de investigaciones en el extranjero y que solo pueden imponer sanciones con base en las investigaciones de las autoridades mexicanas. La FGR se negó a entregar la información bajo el argumento de que el caso estaba en trámite, acusó la autoridad electoral. Otro de los identificados como bloqueo fue la Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo del Gobierno mexicano contra el lavado de dinero, que ha seguido la pista del dinero en la trama corrupta. Él caso odebrecht Ha llevado a cargos y arrestos de políticos de alto perfil, incluidos expresidentes, en otros países latinoamericanos. “Lamentablemente nos encontramos en una situación en la que la falta de cooperación de las autoridades ministeriales nos impide analizar el tema con mayor profundidad”, dijo la consejera Adriana Zavala.
El fiasco de la trama de Odebrecht también se replicó en la resolución de la convocatoria Operación Zafiro, en el que fueron acusados de desviar 250 millones de pesos del Ministerio de Hacienda a las campañas del PRI en 2016. El partido tricolor también quedó impune de este escándalo por el mismo argumento: la falta de elementos proporcionados por la justicia a las autoridades de contratación. Córdova instó a los partidos políticos a impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la facultad de revocar las decisiones de los asesores electorales, para que el Instituto retome la causa y llegue al fondo del mismo. amorío. El riesgo, reconocido por los propios directores, es que los delitos prescriban. El caso Odebrecht se remonta a más de una década, dos años antes de la última reforma constitucional que dio al ex Instituto Federal Electoral sus nuevas siglas.
Tras casi cuatro años de tira y afloja, las autoridades han dinamitado el supuesto acuerdo de colaboración que tenían con Lozoya, director de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Peña Nieto. El que fuera llamado a ser el testigo estrella de la FGR está en el banquillo desde enero por los delitos de cohecho, asociación delictiva y blanqueo de capitales. Fiscalía pide 46 años de prisión para político priísta.
Gilda Austin, madre de Lozoya, enfrenta 21 años de prisión por asociación delictuosa y uso de recursos ilícitos. Las autoridades recrudecieron el cerco a varios familiares del imputado para presionarlo a cooperar con la Fiscalía, según audios que se filtraron a los medios entre el padre de Lozoya y el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Un juez decidió esta semana levantar el arresto domiciliario contra Austin, de 75 años, debido a su avanzada edad. En cambio, el juzgado le impuso otras medidas cautelares: deberá portar un brazalete electrónico y no podrá salir del país ni de la Ciudad de México.
Ante la falta de acuerdos sobre la designación de los cuatro nuevos directores, la Cámara de Diputados decidió designar a los suplentes mediante sorteo por primera vez en la historia. El nuevo presidente es Guadalupe Taddei, quien encabezó el Instituto Electoral y el Instituto de Transparencia en Sonora. Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza también se incorporarán al consejo a partir de la próxima semana.
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