La mayoría de los países desarrollados han abolido el impuesto a la riqueza neta. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva que puede llegar hasta el 3,5%. En los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque con muchos más abismos que España.
Según datos de la OCDE, en España el importe del patrimonio es progresivo y varía desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.
Además, en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a los tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al impuesto aunque su propietario no resida en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, con un 0,7% asignado a los municipios y un 0,3% al gobierno central. Para actividades superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos a la propiedad varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a la propiedad nacional como a muchos activos en países extranjeros.
Aunque España tiene la carga fiscal más alta del mundo, los grandes patrimonios en España tienen una carga fiscal más alta que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita es tres veces el de España y 2,5 veces el de Estados Unidos.
Los expertos creen que este tipo de impurezas son ineficaces y muchos países desarrollados han decidido eliminarlas. Según la OCDE, en 2022 el impuesto al patrimonio en España representa el 0,54% del total de los componentes fiscales, lo que equivale al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los componentes fiscales, lo que equivale al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos tributarios por este impuesto representan el 4,35% del monto total, lo que equivale al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estas cantidades generan pocos ingresos, elevados costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Tax Foundation que estas tasas son ineficaces debido al mal diseño y los altos costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de Países Bajos declaró que este tipo de delitos violan la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía repitieron ante el Tribunal Constitucional el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez.
El término “impuesto temporal de solidaridad”, que grava patrimonios superiores a tres millones de euros, se introdujo para evitar la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han adaptado su propio impuesto sobre el patrimonio, estableciendo un impuesto autonómico que lo diferencia del impuesto nacional de solidaridad y ofrece una devolución del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron la sombra de la exposición hasta los tres millones de euros, y Murcia sufrió hasta los 3,7 millones de euros.
