El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, con 90,6 millones de dólares por prácticas que restringen la libre competencia. Según el IFT, la empresa ingresó a empresas monopólicas para ofrecer incentivos a los distribuidores con el objetivo de bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel brindó información y ventajas a ciertos canales de distribución, condicionando la oferta de paquetes móviles a que no se coloquen en el mercado productos de otras empresas competidoras. Se informó al regulador que esta estrategia amenazaba los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que condujo a esta sanción comenzó en el verano de 2021 y finalizó con un informe de causa probable a finales del año pasado. Telcel tiene la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado su intención de imponer una multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa respondió a las acusaciones y preguntó cómo se llevaría a cabo la investigación, argumentando que las acusaciones se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en la industria móvil mexicana, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Durante el trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62,673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69.1%.
El IFT ha restablecido la importancia de las autoridades regulatorias para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción garantiza un estatus clave que aleja a estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en el mercado en México, especialmente en el contexto de la discusión de una posible reforma que busca articular organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una legislación que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representa un recurso esencial para el gobierno. Según el mandato, estas entidades no complementan adecuadamente su propuesta, habiendo recibido más de 32.313 millones de pesos desde su constitución.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar recortes a industrias reguladas y afectar políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los promotores de las reformas aseguran que no afectarán las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes ya aprobó la ley en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o cierre del IFT dependerá de la próxima convocatoria, que comenzó a funcionar el 1 de septiembre. Con las mayores calificaciones garantizadas por el funcionario, la situación del IFT y otros organismos autónomos es un punto crítico.
