Cada día 1,000 adolescentes y niñas mexicanas quedan embarazadas. Esto representa más de 360.000 embarazos de menores al año, la tasa más alta de la OCDE, solo superada a nivel mundial por Centroamérica y África Subsahariana. Los embarazos no deseados en México superan el 50% y sus consecuencias truncan la vida de mujeres, adolescentes y niñas, convirtiéndose en un problema social, económico y de salud. Del total, unas 7.200 suceden a niñas menores de 15 años por año. Es por ello que el embarazo adolescente se ha convertido en uno de los grandes desafíos demográficos del país para alcanzar las metas de desarrollo 2030.
Ese ha sido el tema principal del desayuno organizado por EL PAÍS en Ciudad de México, al que han asistido representantes de la farmacéutica Organon, el Gobierno de Yucatán, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la consultora internacional Deloitte. El acto fue conducido por el subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente, y la jefa de redacción de EL PAÍS México, Sonia Corona, con el título: ‘Necesidades presupuestarias y sociales para abordar el problema del embarazo adolescente y la financiación sostenible mecanismos para satisfacer las necesidades de planificación familiar.
Ante un problema de tales dimensiones, los participantes presentaron soluciones económicamente sostenibles para la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos y accesibles que ayuden a planificar la maternidad. Una estrategia que atiende a todas las mujeres, especialmente a aquellas que viven en las condiciones más vulnerables. La iniciativa, que ha sido pensada y articulada desde varios frentes, busca no depender únicamente del presupuesto público de los Estados para garantizar su continuidad en el tiempo. Según los participantes, una estrategia es “clara, eficaz, propositiva e innovadora” para lograrlo. “No solo es un tema de salud, sino que tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo económico para que cuando hablemos de salud sexual y reproductiva no se enturbie la conversación con otros temas de tabúes, creencias o prejuicios”, puntualizó Rafael. Chaves, líder de asuntos gubernamentales globales de Organon.
La pobreza, la falta de acceso a la salud y la educación se identifican como algunos de los factores relacionados con este problema que afecta a 7.200 niñas menores de 15 años cada año. “Las adolescentes que quedan embarazadas tienen menor rendimiento educativo e ingresan al mercado laboral en condiciones más precarias y son más informales, tienen menos acceso a la seguridad social o a un sistema de pensiones”, dijo Gabriela Rivera, oficial de derechos sexuales y recursos reproductivos de Población de Naciones Unidas. Fondo (UNFPA). “A México le cuesta 74.000 millones de pesos atender embarazos adolescentes, lo que representa el 0,32% del PIB. Por cada dólar invertido en planificación familiar, el retorno de la inversión es de casi $15”, agregó.
Los participantes del coloquio coincidieron en la necesidad de ofrecer educación sexual desde la escuela, así como facilitar el acceso a productos anticonceptivos en las comunidades más vulnerables, que suelen ser las más castigadas por la violencia y la desigualdad. Entre estos esfuerzos se encuentra la iniciativa que combina esfuerzos público-privados desarrollada por Organon con el Gobierno de Yucatán, acompañado y asesorado por Naciones Unidas y consultores internacionales.
El plan se basa en una financiación sanitaria sostenible que se aleja de los esquemas de donación más tradicionales para atraer a futuros inversores. “Los días de las donaciones están contados, tienen cierto beneficio fiscal, pero esa es una fuente que se está agotando. La alternativa es invertir en un proyecto que tenga sentido y esté relacionado con un propósito: erradicar embarazos en niñas y adolescentes, pero además el dinero se devolverá con intereses”, aclaró Claudia Restrepo, jefa de finanzas sostenibles de la consultora. Deloitte “Habla de diferentes canales para financiar las actividades del Gobierno de Yucatán con la participación del presupuesto del Estado, pero con la garantía de que una vez superado el momento político que lanza el programa, por un tema de socios privados y socios multilaterales , continuar las acciones de intervención, monitorear los resultados y reportarlos como intervenciones exitosas”, agregó Chaves.
Con esta visión, el Gobierno de Yucatán ha identificado las áreas a trabajar. El Estado es la tercera entidad del país en embarazos precoces y la primera de la Península. No se trata solo de prevención y atención, sino también de desarrollar alternativas educativas y laborales para que las mujeres puedan salir del ciclo de pobreza en el que están inmersas. En muchos casos, estos embarazos adolescentes ocurren en un contexto de violencia y abuso sexual dentro de las propias familias. “La única forma de tener un mayor impacto es hacer este tipo de asociaciones con la iniciativa privada y la sociedad civil”, explicó María Cristina Castillo, secretaria de la Mujer en Yucatán. La iniciativa se traduce en mayor impacto social, mayor impacto en la salud, desarrollo económico y reactivación económica que no solo beneficia al 50% de la población, sino a toda la sociedad.
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