La selección del jurado para el juicio contra Genaro García Luna comienza este lunes. Así lo ha decidido la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), enfrentará las acusaciones de narcotráfico, vínculos con el Cártel de Sinaloa y declaraciones falsas. El destino del exfuncionario mexicano, uno de los rostros más visibles de la guerra contra el narcotráfico, estará en manos de 12 ciudadanos, quienes serán elegidos entre 400 candidatos. El proceso está programado para concluir el 17 de enero, justo a tiempo para el inicio de la primera audiencia en la corte de Brooklyn.
Los 400 candidatos, seleccionados por sorteo, han tenido que rellenar cuestionarios sobre información básica sobre ellos: sus nombres, su etnia y sus profesiones, entre otros detalles que pueden influir en el veredicto. En Estados Unidos, el jurado decide al final del juicio si el acusado es culpable o inocente y si la Fiscalía ha podido probar los delitos indicados más allá de una duda razonable. Posteriormente, el juez dicta sentencia con base en ese veredicto. García Luna enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por haber mentido en una declaración migratoria. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre 10 años y cadena perpetua.
La Fiscalía y los abogados defensores de García Luna tienen derecho a descartar candidatos que consideren que pueden afectar la forma en que se dicta el veredicto. En el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, por ejemplo, ambas partes acordaron que habría siete mujeres y cinco hombres en el panel, y varios entrevistados aseguraron que tenían miedo de cumplir con esa obligación civil. Los ciudadanos están obligados a comparecer si han sido sorteados, a menos que tengan un impedimento de fuerza mayor o una incapacidad. Las identidades de los jurados son anónimas y no pueden seguir las noticias del juicio ni dar entrevistas durante el proceso.
La Fiscalía de Nueva York acusa a García Luna de haber colaborado durante dos décadas con el Cártel de Sinaloa, desde que asumió al frente de la Agencia Federal de Investigaciones durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hasta la fecha, incluso desde prisión. . Las autoridades han asegurado que el exjefe de la Policía mexicana recibió sobornos por decenas de millones de dólares para facilitar los envíos de droga a Estados Unidos de la organización criminal y advertirles de operaciones de captura contra sus cabecillas. En las audiencias previas al juicio, el exfuncionario también ha sido acusado de organizar un “esquema corrupto” para sobornar y amenazar a los medios, además de ordenar el asesinato de posibles testigos. Sus abogados niegan todos los cargos y denuncian persecución política.
Aún no se sabe quién testificará contra García Luna, pero la baraja va desde ex capos de la droga que cumplen condena en Estados Unidos hasta ex funcionarios. Se ha hablado de que Édgar Valdez Villarreal, alias la barbiey jesus El rey Zambada están en esa lista, aunque no hay nada confirmado. Zambada declaró en el juicio contra El Chapo sobre los presuntos sobornos millonarios que entregó a García Luna y otros funcionarios federales y locales. El juez del caso es Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio contra Guzmán.
Es significativo que los abogados de García Luna hayan decidido ir a juicio para defender la inocencia de su cliente. El sistema legal estadounidense favorece los acuerdos de declaración de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas para agilizar los procesos judiciales. La decisión de la defensa sugiere que consideran que las pruebas en su contra son frágiles y que podrán salirse con la suya cuando se expongan las versiones de ambas partes. El hecho de que haya un juicio también abre la puerta a explosivas revelaciones que pueden salpicar a varias administraciones de expresidentes de México. Los días previos a la audiencia inicial también han estado marcados por la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán, hijo del líder criminal, condenado en EE.UU. a pasar el resto de su vida tras las rejas.
García Luna se sienta en el banquillo de los acusados y con él, las sospechas sobre la connivencia de las autoridades mexicanas y el crimen organizado. “¿Han podido las autoridades probar más allá de toda duda razonable que el delito involucró cinco kilos o más de cocaína?” Esa es una de las preguntas que tendrán que responder los jurados al concluir el juicio, en un proceso judicial que se prevé dure varias semanas y que amenaza con provocar un terremoto político al otro lado de la frontera.
Suscríbete aquí a Boletin informativo de EL PAÍS México y recibe toda la información clave de la actualidad de este país
