Tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana. Estas son las sustancias en el centro de la acusación contra Ovidio Guzmán, alias El ratón, en Estados Unidos. El único caso conocido contra el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, está abierto ante una corte de Washington DC y se enfoca en un cargo de narcotráfico, aunque las autoridades dicen que Guzmán también está detrás de varios asesinatos. La captura del capo ha desatado una espiral de caos y violencia en el Estado de Sinaloa, bastión de la organización criminal, y se ha producido apenas cuatro días después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, aterrizara en Ciudad de México para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha señalado este jueves que existe un pedido de extradición desde septiembre de 2019, pero ha descartado que la detención esté relacionada con la visita de Biden la próxima semana.
“No tiene nada que ver, esta operación fue mantenida en extrema confidencialidad por las autoridades encargadas de hacerla y no hubo consulta política en el Gabinete”, dijo Ebrard, cuestionado si la detención de Guzmán fue un “regalo” para la Casa Blanca. . El secretario ha comentado que es poco probable que el hijo de El Chapo sea extraditado en los próximos días porque el proceso de extradición lleva tiempo y porque también hay procesos judiciales abiertos en México. La captura se produjo por una orden en el país y no por la solicitud de arresto emitida por Washington, ha señalado. “A partir de hoy esperaría un proceso aquí en México”, advirtió. Ebrard ha dicho que las autoridades estadounidenses no estuvieron involucradas en la operación contra Guzmán, al menos en el terreno.
EL PAÍS anunció hace unos meses que Estados Unidos pidió a México que aumentara el número de extradiciones cada año como parte de los acuerdos bilaterales de seguridad, hasta llegar a una cifra de 60 acusados cada año, según una filtración masiva de documentos confidenciales del gobierno mexicano. Ejército. . El Ratón se suma a la lista de deseos de las autoridades estadounidenses para juzgar a narcotraficantes de alto perfil como Rafael Caro Quintero, detenido en julio pasado en las montañas de Sinaloa. Caro Quintero, por ejemplo, aún no ha sido trasladada gracias a que sus abogados han logrado retrasar el proceso.
El hijo de El Chapo fue identificado por las autoridades mexicanas como líder de los niños pequeños, una escisión del Cártel de Sinaloa con amplia presencia en el noroeste del país. Sin embargo, no han revelado los delitos que se les imputan. Al otro lado de la frontera, la historia es diferente. La Fiscalía del Distrito de Columbia lo acusa directamente de traficar una tonelada de marihuana y al menos cinco kilogramos de cocaína, un delito grave, según la justicia estadounidense. El historial delictivo del capo abarca más de una década, desde abril de 2008, cuando apenas tenía 18 años.
La acusación en Estados Unidos data precisamente de julio de 2017, pero permaneció clasificada hasta enero de 2019. No fue hasta septiembre de ese año, sin embargo, que Washington presentó la solicitud de extradición a México. Casi un mes después, el 17 de octubre de 2019, las autoridades mexicanas capturaron por primera vez a Guzmán en Culiacán, la capital de Sinaloa. Los bloqueos de drogas, tiroteos y disturbios que se produjeron en la ciudad llevaron a Andrés Manuel López Obrador a dar la orden de liberarlo. El fiasco pasó a la historia como el culiacanazo y significó uno de los puntos más bajos del actual Gobierno.
La orden de arresto estadounidense es un mero documento de cuatro páginas y va acompañada de una solicitud de decomiso de todos los bienes de Guzmán en Estados Unidos, presuntamente financiados por sus actividades delictivas. Incluye el agravante de “incitación al delito”, figura legal en ese país que castiga cuando una persona convence a otras a delinquir. Guzmán no se identifica con ningún abogado que lo defienda en el breve sumario judicial. Se pueden clasificar otros cargos presentados en tribunales de otros estados. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de El Ratón.
Las autoridades estadounidenses han revelado que tienen más información sobre el poder de Guzmán de la que se ha hecho pública en los tribunales. Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López son designados como herederos de El Chapo y su hermano Édgar Guzmán López, asesinado en mayo de 2008 en medio de una refriega de más de 500 disparos en un centro comercial de Culiacán. “Tras la muerte de Édgar, Ovidio y Joaquín heredaron gran parte de las ganancias del narcotráfico y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo para comprar marihuana en México y cocaína en Colombia”, se lee en un perfil del gobierno estadounidense.
“También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina de Argentina, lograron pasar de contrabando el producto a México para incursionar en la producción de metanfetamina”, dice el informe. En la capital estadounidense se le acusa de importar al menos 500 gramos de metanfetamina. En cambio, el Departamento de Estado afirma que los hermanos Guzmán supervisaban 11 laboratorios clandestinos en Sinaloa, con una capacidad de producción de hasta casi 2,500 kilos mensuales. “La metanfetamina se vende al por mayor a otros miembros del cartel ya distribuidores en Estados Unidos y Canadá”, dice la Casa Blanca. “Otras fuentes indican que Ovidio Guzmán López ha ordenado el asesinato de informantes, un narcotraficante y un famoso cantante mexicano que se negó a cantar en su boda”, agrega.
El momento del arresto, en vísperas de la primera visita de un presidente estadounidense a México en casi 10 años, ha generado dudas. La versión oficial es que se trata de una coincidencia. La captura se produjo, de hecho, en un mar de casualidades. El juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, jefe de policía durante el gobierno de Felipe Calderón, está previsto para el 17 de enero. El exsecretario de Seguridad Pública está acusado de narcotráfico y de haber mantenido vínculos con el Cártel de Sinaloa. Es el caso de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en Estados Unidos, solo comparable con el proceso contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, que no llegó a los tribunales.
Más coincidencias: el exgobernador priísta César Duarte fue detenido por corrupción el 8 de julio de 2020 en Miami, justo el mismo día que López Obrador se reunió con Donald Trump en Washington. Más temprano, en febrero de 2017, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, poco más de un mes después de la asunción de Trump, en lo que se leyó en México como un intento de apaciguar el discurso antimexicano del político republicano. El mayor traficante del mundo fue condenado a cadena perpetua en 2019 por el juez Brian Cogan, el mismo que decidirá la suerte de García Luna en las próximas semanas. Su hijo Ovidio fue ingresado hace unas horas en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Es el mismo del que se escapó El Chapo en 2015, tras fugarse en un túnel de 1,5 kilómetros, equipado con iluminación, ventilación, barandillas y una moto para facilitar su huida.
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