Mientras los migrantes heridos en el incendio de Ciudad Juárez el 28 de marzo se recuperan, el gobierno mexicano trabaja estos días arduamente para identificar y avanzar en la repatriación de los 40 fallecidos. El viernes el primer cadáver fue trasladado a Bogotá, mientras que siete cuerpos iniciaron su marcha hacia El Salvador por tierra, escoltados por la Guardia Nacional, este sábado. 11 guatemaltecos fallecidos serán trasladados esta semana que comienza en avión, según acordaron el Gobierno de ese país y la Cancillería mexicana. Lo mismo ocurrirá con seis migrantes hondureños que perdieron la vida en el incidente. Todavía hay hospitalizados en varios centros de salud, cinco de ellos en estado grave.
La tragedia en Ciudad Juárez ha puesto de manifiesto estos días la ineficiencia del sistema a la hora de tratar a los migrantes que cruzan México intentando cruzar a Estados Unidos, y ha provocado más de una bronca política. Un decreto de Andrés Manuel López Obrador en 2019 creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria y encomendó la coordinación de dicha política a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Marcelo Ebrard. Pero la comisión no ha tenido más de ocho sesiones en todo este tiempo y no se reúne desde el 7 de abril de 2022. Francisco Garduño, titular del INM durante casi cuatro años, no asistió a ninguna de estas reuniones.
Días atrás estalló la riña entre los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por sus competencias en materia de política migratoria. Se lanzaron dardos de ácido. Pero Garduño fue el primero en caer, según declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde, quien esta semana se reunió con López Obrador y declaró enterrado al Instituto Nacional de Migración (Inami). Solalinde anunció su reemplazo por un nuevo organismo, la Coordinación Nacional de Extranjería y Asuntos Migratorios, en el que la participación de Garduño es poco probable.
El sacerdote ha vuelto a la primera línea política en materia migratoria luego de sus críticas a la brutalidad con la que el Inami trataba a los migrantes y la Guardia Nacional lo mantenía alejado de este tema que sigue agravándose en México.
No acababan de apagarse las cenizas de Ciudad Juárez cuando una confusa noticia sorprendió al país. Lo que parecía ser el secuestro de una camioneta con más de veinte turistas en Guanajuato el pasado 6 de abril resultó ser parte de un contingente de migrantes que en ese momento se dirigía a San Luis Potosí. 35 fueron rescatados en una zona desértica de este estado, incluidos los de Guanajuato. Fue toda una ceremonia de confusión que obligó a la movilización de helicópteros en busca de los migrantes. En este caso, se volvió a hablar de mafias que trafican con personas que quieren llegar a Estados Unidos, a quienes les piden grandes sumas de dinero. Un tema similar surgió tras el incendio en Ciudad Juárez, cuando algunos reportes hablaron de extorsiones por parte de carceleros para abrir las puertas a quienes luego murieron calcinados.
La Fiscalía de San Luis Potosí envió este sábado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a 27 personas, 23 de ellos venezolanos y cuatro salvadoreños, entre los ubicados en la calle 6 sobre la carretera 57 en Matehuala, según información oficial. Se les considera víctimas de un probable secuestro. Se trata, de momento, de cuatro familias y ocho adultos que viajan solos. Las familias serán canalizadas a la Oficina de Protección a la Niña, Niño y Adolescente, y serán alojadas en un centro de asistencia social. Los adultos recibirán una tarjeta de visitante por razones humanitarias.
El resto de los migrantes, cerca de un centenar en total, según las notas de los últimos días, permanecerán bajo el resguardo del INM para “brindarles atención, apoyo y asistencia”, según un comunicado del Gobierno, así como su paradero. Volverse reconocido. .
La migración es un tema recurrente en México que, cada cierto tiempo, sacude las conciencias con más fuerza. La tragedia en Ciudad Juárez ha sido uno de esos momentos de inflexión por la situación que se vivía en el centro donde estaban encerrados. Nadie les abrió las puertas para que pudieran huir de las llamas, lo que provocó protestas de numerosos políticos y temor público. Los propios senadores de Morena, el partido oficial, se dividieron respecto a las comparecencias para dar explicaciones de los dos secretarios directamente involucrados, López y Ebrard. Aunque algunos apoyaron esta propuesta del líder de su bancada, Ricardo Monreal, el bloque finalmente la descartó. Pero en el Senado se escucharon esos días algunas de las comparecencias más desgarradoras que se han visto en la Cámara alta: el senador independiente Emilio Álvarez Icaza pronunció un discurso a gritos para dar cuenta de una tragedia anunciada: “¡Esto es un crimen de Estado! . ¡Maldición!”
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