El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que envió una nota diplomática a Estados Unidos en respuesta a los comentarios del embajador Ken Salazar sobre una controvertida propuesta para reformar el sistema de justicia de México.
El jueves, Salazar señaló que la elección directa de jueces, un aspecto central de la reforma que ha generado preocupación entre los inversionistas, representa un “gran riesgo” para la democracia mexicana. Además, destacó que cualquier cambio debe incluir “salvaguardias” para garantizar la independencia del poder judicial.
López Obrador dijo en su conferencia de prensa que se habían producido actos de irrespeto a la soberanía mexicana, citando declaraciones del embajador. “No aceptamos la intromisión de representantes de gobiernos extranjeros en asuntos que conciernen sólo a los mexicanos”, afirmó el presidente, cuyo mandato finaliza el 1 de octubre.
El embajador canadiense Graeme C. Clark también criticó la reforma en otra reunión, señalando que los inversores buscan estabilidad y un sistema judicial que funcione.
López Obrador insinuó que también enviaría una nota diplomática a Canadá, pero no dio más detalles. La reforma prevé que más de 7.000 jueces y magistrados sean elegidos por sufragio universal.
Ante la controversia, miles de trabajadores de la industria se declararon en huelga esta semana mientras el Congreso, dominado por el gobierno mayoritario, se prepara para votar los cambios en septiembre.
El presidente afirma que es necesario transformar el sistema judicial porque “no sirve al pueblo” y “sirve a los intereses del crimen organizado”. Entre las propuestas de reforma se encuentran la reducción del número de miembros de la Corte Suprema de 11 a 9, la creación de un órgano administrativo autónomo y un tribunal disciplinario, así como la reingeniería de los sistemas de justicia judicial y civil para reducir la carga sobre el sistema penal.
El gremio judicial ha expresado su oposición a la propuesta, argumentando que viola sus derechos al eliminar a las carreras judiciales del acceso a cargos judiciales, lo que podría permitir que grupos de poder, incluso ilegales, controlen el sistema de justicia.
