Edmundo Jacobo Molina puede regresar a su cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Blanca Lobo, la jueza de lo contencioso administrativo a cargo del caso, se ha puesto del lado de Molina en el amparo que presentó contra el artículo 17 de la reforma electoral conocido como “plan B”, que estipulaba la desaparición de su cargo. La batalla entre el Ejecutivo y el INE ha sido constante y abierta desde la aprobación de la reforma electoral el pasado 22 de febrero. El Ejecutivo se queja de los altos salarios y el excesivo presupuesto de la institución, y quiere destituir a 6.000 de sus funcionarios, casi una tercio de la plantilla. El INE rechaza los recortes y se defiende diciendo que la reducción de sus salarios y de su fuerza laboral afectaría “los derechos políticos de los ciudadanos”, a pesar de que los sueldos de muchos de sus trabajadores son superiores a los del presidente de México.
La sentencia presentada por el juez ordena que “se restablezca provisionalmente en el goce de los derechos y prerrogativas de su cargo, así como que continúe ejerciendo sus funciones como secretario ejecutivo del INE”. La decisión se produce después de que otro tribunal le concediera una protección provisional. Ambas decisiones cautelares se basan en el mismo argumento: mientras la Corte Suprema no decida sobre el fondo de la constitucionalidad de la reforma electoral, el cargo de funcionario debe mantenerse. Con su fallo, Lobo ha coincidido preventivamente con el Instituto Electoral, que ha argumentado que el nombramiento del secretario ejecutivo es una facultad de los propios concejales, no del Ejecutivo ni del Legislativo, por lo que la reforma implica una invasión a su autonomía constitucional.
Molina, en una entrevista que concedió el jueves a El economista, aseguró que no tenía ningún plan B más que volver a su puesto. “Estoy en el Instituto Nacional Electoral no solo porque es mi trabajo, sino porque es mi convicción. Es la causa de la democracia por la que he luchado durante muchos años, y ha sido un privilegio para mí ocupar ese cargo para fortalecer la democracia, fortalecer nuestro país, y creo que es mi obligación luchar contra esta arbitrariedad por el futuro de democracia. ”, aseguró el funcionario. Edmundo Jacobo Molina lleva 14 años en su cargo actual, y en 2020 renovó su cargo hasta 2026 con el apoyo del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
La Corte Suprema de Justicia será la última instancia encargada de analizar si las leyes del “plan B” son inconstitucionales, como han acusado activistas y partidos de oposición. Mientras tanto, hay otro frente abierto, el Tribunal Electoral, que tiene que resolver los llamados juicios ciudadanos, promovidos por personas que consideran vulnerados sus derechos políticos con la implementación de las reformas. El propio Molina también ha recurrido ante el Tribunal Electoral.
López Obrador, desde su conferencia matutina, lleva semanas atacando al funcionario. Como lleva 14 años en el INE, el presidente lo acusó de corrupción. “Imagínese en cuántos fraudes ha participado”, dijo el viernes. También aseguró que estos funcionarios forman parte de grupos que se crearon “durante el período neoliberal, que robaron y saquearon y sirvieron al régimen para legitimar sus fechorías y por eso les paga muy bien”. La semana pasada, López Obrador celebró el despido de Molina y lo criticó por haber estado tanto tiempo en el mismo cargo con un salario superior al suyo. “A lo mejor quiere tener un trabajo para toda la vida”, ha ironizado el presidente López Obrador. De momento, y gracias a la resolución del juez, Molina mantiene su posición y seguirá cobrando sus 167.000 pesos mensuales sin contar gastos de viaje y seguros privados.
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